La Contraloría General de la República “celebró” que el Banco Agrario de Colombia haya recuperado recursos por $156.894 millones por la cancelación que hizo Navelena de las obligaciones crediticias pendientes después de que se reversara la concesión para la recuperación del Río Magdalena.

Al respecto, la Contraloría General de la República recordó que durante el primer semestre de 2017 practicó una auditoría regular al Banco Agrario de Colombia por la vigencia 2016, producto de la cual estableció un posible detrimento patrimonial por $135.805.158.900,00, entre otros aspectos.

De acuerdo con este hallazgo, en el proceso de estudio, aprobación y desembolso de dos operaciones de crédito por un valor total de $120.000 millones a la sociedad Navelena S.A.S., de propiedad mayoritaria de la empresa brasileña Odebrecht, el Banco Agrario de Colombia omitió, de un lado, disposiciones expedidas por la Superintendencia Financiera de Colombia en materia de gestión y administración del riesgo de crédito, cartera y garantías y, de otro, políticas emitidas por la junta directiva del Banco en relación con estos mismos aspectos. Estas omisiones llevaron a que, al vencimiento de tales obligaciones (15 y 22 de diciembre de 2016), Navelena S.A.S. incumpliera el pago de las mismas (capital e intereses), situación que se mantuvo hasta el cierre de la auditoria.

En efecto, la Contraloría pudo establecer que pese a que en su momento la organización Odebrecht en Brasil estaba expuesta a un riesgo reputacional, el cual incluso fue identificado y comunicado por funcionarios del Banco, este riesgo fue desestimado en el curso del proceso de estudio, aprobación y desembolso del crédito a Navelena S.A.S.

Así mismo, en el curso de la auditoría se evidenció que la garantía aceptada por el Banco como respaldo de la exposición crediticia con Navelena S.A.S no reunía las características de idoneidad, eficacia y exigibilidad requeridas, por lo que la Contraloría concluyó que esta exposición crediticia estuvo descubierta durante toda su vigencia.

Prueba de ello es que, al vencimiento de los créditos (diciembre de 2016) y frente al incumplimiento de las obligaciones por parte de Navelena S.A.S., la garantía no sirvió como fuente de pago y, por ende, no se hizo efectiva.

El pago tiene lugar diez meses después de la materialización del incumplimiento de Navelena S.A.S., tras la liquidación del contrato realizada por Cormagdalena, y, en todo caso, luego de que el ente de control hubiera establecido e informado el posible detrimento.

De manera que la Contraloría General de la República valora positivamente la recuperación de estos recursos y en cumplimiento al mandato previsto en el artículo 267 de la Carta Política de Colombia continuará protegiendo y contralando los recursos públicos administrados por las entidades públicas o por particulares.